En esta crónica semanal del 29 de noviembre al 5 de diciembre, tenemos dos noticias centrales: El arresto domiciliario del ex Ministro de Vivienda Allison en Miami y las declaraciones de la presidenta de Chile Michelle Bachelet y del presidente García respecto al caso de espionaje.
Francis Allison y su esposa Carla Robbiano Montes se encuentran desde el 5 de noviembre con grilletes electrónicos en los tobillos y detención domiciliaria en Miami luego de que agentes de aduanas descubrieran que la pareja pretendía sacar del país más de 50 mil dólares sin declararlos en su totalidad a las autoridades estadounidenses. La pareja fue interceptada por dos agentes, quienes le realizaron unas preguntas como el monto de dinero que tenían previsto retirar de los Estados Unidos. Ellos respondieron que tenían US$ 20,000, por lo que tuvieron que llenar un formulario de declaración de salida del dinero. Al mostrarse nerviosos, los agentes le pidieron a Carla Robbiano su bolso de mano para revisarlo, encontrándose con 10,250 dólares adicionales. Los agentes procedieron a revisar al ex ministro de Vivienda hallando en el bolsillo de su chaqueta otros 20 mil dólares. Ante las evidencias, a Allison y Robbiano se les impidió tomar el vuelo y fueron conducidos a una oficina de seguridad del terminal aéreo y luego a la corte del magistrado Ted E. Bandstran, quien los acusó por falso testimonio, contrabando de dinero en efectivo y omisión de declaración. Sin embargo, Allison y su esposa gozan de libertad controlada en Florida, la cual fue aceptada por el juez previo pago de una fianza de US$ 100,000. El abogado de ambos, Oscar Arroyave, explicó que el incidente en el que “terminaron involucrados sus clientes fue producto de un momento de confusión”. “Allison puso US$ 10,000 en la cartera de su esposa sin advertírselo”, es la versión del letrado. Con respecto a los US$ 20,000 encontrados en la chaqueta de Allison, Arroyave dijo que su cliente estaba confundido por la pérdida temporal de papeles de viaje. El dinero procedía de una antigua cuenta bancaria de ambos.
En setiembre, Allison debió renunciar a su puesto como Ministro de Vivienda tras descubrírsele recibos de 3 mil dólares mensuales por un periodo de un año por asesorías jurídicas a BTR, la empresa de los marinos en retiro procesados por espionaje. El canciller José Antonio García Belaunde lamentó el incidente una vez que fue informado. No quiso adelantar si Allison cometió un acto ilícito o no, pero señaló que el hecho “desacredita al Perú”. Allison y su esposa permanecerán con arresto domiciliario y con grilletes electrónicos hasta que el abogado logre, ante el gran jurado que verá el caso, demostrar la inocencia de ambos. De ser hallados culpables, afrontarían una pena de cinco años de prisión.
Tras conocerse su arresto domiciliario en los Estados Unidos, el cuestionado ex ministro Francis Allison Oyague ofreció sus descargos y afirmó que todo se debe a un error “netamente administrativo” producto de su desconocimiento de las leyes estadounidenses. Según Allison, él sabía que estaba obligado a declarar el dinero que portaba al ingresar a ese país, mas no cuando lo abandonaba. El ex funcionario sostuvo que al tratarse de un “malentendido”, estaba “segurísimo” de que el caso se resolvería a su favor. Es más, subrayó que el detector de mentiras (prueba del polígrafo) al que habían sido sometidos su esposa y él arrojó que dicen la verdad. Y frente a las especulaciones acerca de la procedencia o el uso que pretendía darle a los US$ 50 mil que portaba, Allison afirmó que el dinero era producto de sus ahorros depositados en una cuenta del Bank of América de EEUU. Allison agregó que si se declarara culpable del delito de contrabando saldría libre en dos días, pero que para él su caso era un asunto de honor.
Por su parte, al dar declaraciones sobre la situación del ex Ministro Allison, el presidente Alan García reveló sin reparos que Allison fue separado del Gabinete por haber realizado unas “asesorías inexistentes” a Business Track —empresa ilegalmente dedicada a la interceptación telefónica— para justificar ingresos difíciles de explicar. García sugirió que la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) investigue a Allison, pues seguramente —dijo— no ha declarado todos los ingresos que ha tenido mientras fue alcalde.
Mientras en Miami el ex ministro de Vivienda Francis Allison se prepara para enfrentar un difícil proceso penal, en Lima le esperan por lo menos dos investigaciones que el Ministerio Público le ha abierto hace poco por el caso de las facturas que giraba a la empresa Business Track y por la presuntas irregularidades que se habrían cometido en el proceso de concesión de la planta de tratamiento de aguas servidas Taboada.
En nuestra segunda noticia de esta crónica, el Gobierno de Chile flexibilizó su posición en torno a la denuncia peruana sobre el espionaje que ese país realizó a través del agente FAP Víctor Ariza Mendoza. Tras acusar recibo de los documentos entregados por Lima, indicó que realizarán un “cuidadoso estudio” y que comunicarán sus resultados al término del proceso. El director de América del Sur de la Cancillería sureña, Jorge Montero, entregó ayer la “nota verbal de respuesta a la del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú” al encargado de negocios interino de nuestra embajada en Santiago, Guido Toro. En dicha comunicación, el gobierno de Michelle Bachelet también rechazó los términos de la nota peruana señalando que los mismos “no se condicen con el espíritu constructivo que debe presidir la relación bilateral”. Esta reacción se debería al enérgico rechazo con el que Torre Tagle denunció formalmente el caso de espionaje, el mismo que calificó como una acción ofensiva, inamistosa y violatoria de la soberanía. Algunas horas después de la respuesta chilena, el canciller José Antonio García Belaunde emitió también una declaración escrita en la que consideró “positivo” que Chile se haya comprometido a estudiar el caso y a comunicar los resultados una vez que hayan concluido las investigaciones. Tras recordar las afirmaciones de este último –quien sostuvo que el espionaje es ilegal en Chile y que sancionarán a los responsables si encontraran evidencias de ello–, el jefe de la diplomacia peruana reiteró que el pedido del Perú es precisamente “que se investigue, que se identifique a los responsables y que se sancione”.
En sus primeras declaraciones antes de asistir a la XIX Cumbre Iberoamericana en Portugal, la presidenta chilena, Michelle Bachelet, dijo que su país sigue analizando los antecedentes del caso de espionaje, pero sin ningún resultado sólido. La mandataria chilena señaló que hasta ahora, de lo que han podido investigar, su gobierno no tiene evidencias concretas que los orienten hacia un resultado claro sobre los antecedentes. Bachelet optó por no dar respuestas específicas cuando le consultaron si efectivamente su país realiza actos de espionaje. Por su parte, apenas concluyó su visita al Vaticano, el presidente Alan García se trasladó en vuelo comercial hasta la ciudad de Estoril (Portugal) para participar en la XIX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Lo primero que hizo ante un grupo de periodistas, en su mayoría chilenos, fue calificar las declaraciones de la presidenta Michelle Bachelet sobre el caso del espía como valerosas y democráticas. El presidente aprovechó para enviar un mensaje al pueblo chileno: “Jamás he dicho que Chile sea una republiqueta. Dije que el espionaje es más propio de una republiqueta que de países civilizados y democráticos. Eso es diferente”. Sobre la permanencia en Lima del embajador del Perú en Chile, Carlos Pareja, explicó que solo había sido llamado en consulta. “Jamás hemos pensado en romper relaciones e ir a extremos por un tema tan concreto como ese. Somos vecinos y estamos condenados a crecer juntos”, declaró el presidente García.
Mariana Olcese