La mujer se ha encontrado históricamente excluida de la actividad política. La duplicidad entre público y privado, “el ámbito de la mujer es el hogar y el ámbito del hombre es la política”, es el principio en el que se basó la exclusión. Aquí, un breve recuento de la historia de la participación política femenina en el Perú, celebrando los 50 años desde que se reconoció el derecho a voto de la mujer.

El camino al voto

Los vientos liberales que soplaban sobre América Latina en el período después de las independencias de los países latinoamericanos se encuentran plasmados en las constituciones de la época. En ellas se define formalmente el concepto liberal de ciudadanía, aunque en la práctica esta excluía a los hombres no propietarios, a aquellos pertenecientes a sectores populares y a las mujeres. El voto es derecho exclusivo de la élite tanto económica como política que ocupa el Estado, y que favorece el liberalismo económico sobre el liberalismo político.

Al mismo tiempo, la Iglesia, tan cercana a la oligarquía, mantiene el control sobre la familia y la educación. Este último punto, la educación, en conjunto con el ingreso al mercado laboral, serán las puntas de lanza de la inclusión de las mujeres a la esfera política. La influencia de la Iglesia se tradujo en el “marianismo”, que consiste en asignar a la mujer una categoría moral superior a la del hombre, basado en la mitificación de la Virgen María madre.

Un ciclo de prosperidad y crecimiento económico entre 1880 y 1929 cambia la cara de las ciudades mediante la migración y la urbanización. Asociado al crecimiento de las ciudades surge la consolidación de un mercado interno, que a su vez favorece una incipiente industrialización. Nunca llegará a ser una gran industria, pero permitirá la aparición de un sector obrero.

En este período se abre la posibilidad, durante el oncenio de Leguía, de acceder a espacios donde pueda ampliarse la participación femenina. Estos son las Sociedades de Beneficencia Pública. Sin embargo, el debate no presentó una real apertura del espacio público para las mujeres, ya que se asumió que una mujer menor de 30 años no tenía educación suficiente para formar parte de estas organizaciones. Así, encontramos que sólo a las mujeres mayores de 30 con autorización marital se les permitió ingresar a las Sociedades.

También en este período las mujeres ya habían incursionando en la actividad política mediante el periodismo, y en la actividad literaria, como, por ejemplo, Clorinda Matto de Turner. A la vez, es en este momento de la historia de la inclusión femenina que las mujeres logran ser aceptadas en las universidades, específicamente en 1908. Sin embargo, ya había mujeres realizando estudios independientemente. Asimismo, las mujeres habían estado presentes como parte de las Jornadas de mayo de 1912 apoyando la candidatura de Billinghurst, y en la lucha por la jornada de ocho horas.

En la Constitución de 1933, después de siete sesiones de discusión, se aprobó el voto para la mujer en las elecciones municipales, propuesta presentada por la Unión Revolucionaria. Este voto se restringía a las mujeres mayores de edad, que en ese momento era 21 años, las casadas o que lo hayan estado, y las madres de familia. Sin embargo, las elecciones municipales no fueron instauradas hasta 1963.

De esta forma, el Estado pasa de estar centrado en la oligarquía y en la economía “hacia afuera”, a ser un Estado fuerte, populista y nacionalista. Este tipo de Estado tiene como sustento una base social que se movilice a favor del líder, consolidada mediante la integración de las clases populares a la economía urbana. Bajo esta lógica se incluye a sectores obreros, clases medias y profesionales y sus demandas. Así se extiende el derecho al sufragio.

Las mujeres, al integrarse al mercado laboral, en, por ejemplo, las industrias textiles, demandan reivindicaciones laborales, sociales y políticas. Siguiendo la línea de inclusión de sectores que permitan enfrentarse a las oligarquías exportadoras del período anterior, es en 1954, durante el gobierno de Manuel A. Odría, que se propone el derecho a voto para la mujer. Mediante la ley Nº12391, promulgada el 7 de setiembre de 1955, las mujeres alfabetas mayores de edad o mayores de 18 años casadas pueden elegir y ser elegidas.

La oposición a conceder el derecho a voto a la mujer no sólo se basó en la predominancia de cada género en el ámbito privado o público según correspondía. Además, también se planteaba que las mujeres serían influenciadas por sus maridos o por la Iglesia. Se asumía que los primeros no permitirían que las mujeres expresen su verdadera voluntad, y que la segunda perjudicaría el voto en el que predominaba la ideología antes que la fe. Aparte, por supuesto, de la suposición que el ingreso de la mujer a la esfera política destruiría la familia y el hogar.

Con la inclusión de las mujeres, el electorado se duplicó. No obstante, debe resaltarse que en nuestro país quienes promovieron el derecho a voto a la mujer fueron gobernantes conservadores. De esta forma era posible contrarrestar la creciente radicalización del electorado masculino, el cual se encontraba cada vez más movilizado, por lo que el voto concedido no significó un cambio en la forma de pensar sobre la mujer. Más bien se pensó que la influencia de la Iglesia conservadora sobre ella podría equilibrar los cambios sociales en curso. En las elecciones de 1956, fueron elegidas 1 representante para el Senado, y 8 representantes como diputadas.

Elegir y ser elegidas

El reconocimiento del voto a todos los peruanos mayores de 18 años por la Constitución de 1979 mediante el sufragio universal, implicó una mayor inclusión de la mujer en el sistema político. Esto no sólo se debe a que se disminuyó la edad necesaria para alcanzar la mayoría de edad, sino también a que dentro del sector analfabeto de la población, la mayoría son mujeres, y específicamente de zonas rurales. Según cifras del INEI, la tasa de analfabetismo de la población femenina mayor de 15 años en zonas rurales en el 2002 llegaba al 37,4%.

A partir de las elecciones de 1980, las mujeres en su conjunto tienen la capacidad de elegir y ser elegidas, por lo menos en teoría. Todavía se encuentran alrededor de 312 mil mujeres sin un documento de identidad que les permita ejercer su derecho al voto, según cifras del movimiento Manuela Ramos.

El sistema de cuotas, implementado en el Perú en 1997, ha sido también un avance en lograr la igualdad en la representación política. En América Latina las cuotas fueron establecidas primero por Argentina en 1991, por lo que su historia es bastante reciente. Las cuotas de género en el Perú sostenían inicialmente un 25% para listas al Congreso y municipios. En el año 2000 se aumentó la cuota para la lista al Congreso a 30%, y en el 2002 se hizo lo mismo con la cuota para municipios. Además, en el 2002 también se aplicó el 30% para las elecciones regionales.

A pesar de haber favorecido la igualdad en la representación, el sistema de cuotas todavía tiene un largo camino por delante. Por ejemplo, para el Congreso del 2000 se contaban 26 mujeres (21,6%) de 120 parlamentarios, y en el Congreso del año 2001 disminuyó la cantidad a 22 congresistas mujeres (18,3%). Sin embargo, sí se registra un aumento desde el 11,76% en el Congreso de 1995, al 18,3% de nuestro Congreso actual.

Sin intención de hacer propaganda a favor de la lideresa de UN, Lourdes Flores, el 2006 podría representar un hito en la historia de la participación política femenina en el Perú. Según las encuestas, al menos hasta el momento, una candidata es la que se encuentra en primer lugar en las preferencias de los electores para ocupar el cargo de presidente de la República. No resultaría sorprendente, además, que la inminente llegada de una mujer a la presidencia en Chile, Michelle Bachelet, favorezca enormemente a Lourdes Flores.

Mientras tanto, a 50 años de reconocer el derecho a voto de la mujer, el nuevo reto es permitir que todas las mujeres peruanas tengan las mismas posibilidades de participar en la toma de decisiones en sus comunidades y en el país. La ampliación de la democracia significa la inclusión de aquellos que se encuentran fuera, y ya conseguido el derecho a voto hace 50 años, ahora la meta es que todas sean verdaderas ciudadanas del país.

Mariana Olcese

Bibliografía:

León, Magdalena. Mujeres y participación política: avances y desafíos en América Latina. Santafé de Bogotá: Tercer Mundo editores. 1994

Movimiento Manuela Ramos: www.manuela.org.pe
Villanueva, Victoria y Elizabeth Herrera. 50 años del voto a las mujeres. Lima: Movimiento Manuela Ramos, Programa Derecho a la Participación Política y Ciudadanía. 2005

Asociación civil Transparencia: www.transparencia.org.pe