Las relaciones diplomáticas entre el Perú y Chile han alcanzado su punto mas álgido en mucho tiempo tras el estallido del caso de espionaje de Chile al Perú. El conflicto se originó el último jueves luego de que se filtrara a la prensa información sobre la captura del técnico inspector de la Fuerza Aérea Peruana (FAP), Víctor Ariza. De acuerdo con las investigaciones de la inteligencia peruana, Ariza era el principal vínculo con la parte chilena, a la que le habría vendido información estratégica sobre las Fuerzas Armadas peruanas.
En efecto, las pesquisas que vienen realizando los servicios de inteligencia peruanos apuntan a que Ariza habría sido captado en el año 2002 cuando trabajaba en la embajada del Perú en Santiago. Desde entonces, habría proveído información confidencial a su nexo en el país vecino. Entre los documentos más relevantes que habría vendido se encuentra el Plan Estratégico Institucional de la FAP, que contendría información sobre los planes de compra de armamento hasta el año 2021 y sobre el personal de combate peruano. Según algunas versiones que han circulado en los medios peruanos, Ariza habría cobrado por sus servicios entre cinco mil y ocho mil dólares mensuales.
A raíz del impasse sucitado, el presidente Alan García adelantó su retorno de la cumbre del APEC en Singapur, canceló la reunión que iba a sostener en dicho país con la presidenta Bachelet y llamó a consulta al embajador de Perú en Santiago. Poco después de aterrizar en Lima ayer por la mañana, García convoco al Consejo de Seguridad Nacional en Palacio de Gobierno. Finalizada la reunión, el jefe de Estado leyó un comunicado en el que se refirió en términos muy duros a la parte chilena. Señaló, entre otras cosas, que los perpetradores de “esta ofensa que se hace a la soberanía del Perú […] conservan las costumbres dictatoriales y pinochetistas en la relación de Chile con sus vecinos”. Con respecto a las razones por las que Chile espiaba al Perú, García indicó que se debía al “complejo de quienes ven con temor el crecimiento del Perú, su desarrollo democrático y económico”.
¿Quién espia?
El meollo del asunto pasa por determinar quién espiaba al Perú, o mejor dicho, quién contrató los servicios de Ariza (y compañía). Hasta ahora, sólo se sabe que hubo transferencias de correos electrónicos entre el IP correspondiente a la computadora del técnico Ariza y un IP en Santiago. También se ha dado a conocer que Ariza recibía los pagos por sus servicios a través de una agencia encargada de enviar remesas al extranjero, pero se desconoce quién efectuaba los pagos.
Si bien el presidente García ha sido enérgico en su reclamo, ha evitado acusar directamente al gobierno chileno o a sus fuerzas armadas en su conjunto por el acto de espionaje. Sin embargo, en su encuentro con la prensa el día de ayer, exigió al Ejecutivo chileno que investigue el caso y, con ese fin, señaló que el gobierno peruano transmitiría a sus pares chilenos la informacion recabada para, de esa manera, recibir las “explicaciones correspondientes”.
Ante las acusaciones peruanas, la reacción chilena ha consistido en negar las imputaciones. El canciller sureño dijo ayer que “Chile no tiene nada que ver en este caso” y que no tienen “información disponible que permita vislumbrar siquiera algún tipo de participación chilena”. Fernández ha pedido al gobierno peruano que investigue a fondo “para que la opinión publica sea informada con la verdad de lo que ha ocurrido”. Para la parte peruana, la negativa de las autoridades chilenas a siquiera colaborar con las investigaciones constituye una reacción inaceptable.
Presión mediática
Cada vez que se suscita una de esas crisis periódicas entre Santiago y Lima, los comunicados de los gobiernos y las opiniones de los políticos suelen estar enfocadas en obtener, ante todo, el favor de la opinión pública. El comunicado del presidente peruano ayer fue un claro ejemplo. Lo del complejo chileno ante el crecimiento peruano y la forma en que tildó a Chile de “republiqueta” era un guiño claro a la galería. La negativa del canciller chileno a investigar también parecía responder a la presión de la opinión pública chilena, para la que aceptar el pedido de investigación era una concesión inaceptable.
A todo esto se suma una coyuntura especialmente desfavorable pues tanto en Chile como en el Perú el momento político es delicado. Nuestros vecinos se encuentran en plena campaña presidencial, con el candidato de la gobernante Concertación, el ex presidente Eduardo Frei, en una posición incómoda en las encuestas. Ante ese panorama, el gobierno no se puede dar el lujo de ser laxo con el Perú, ya que la derecha podría cosechar políticamente de la aparente debilidad oficialista. En el Perú, si bien la campaña electoral no ha comenzado formalmente, el presidente García se encuentra en una carrera por evitar, a como dé lugar, que el llamado antisistema se cuele en el 2011. En ese sentido, las expresiones de ayer iban dirigidas al potencial votante humalista.
Diálogo de sordos
Desde comienzos de su segundo gobierno, el presidente García ha abogado por una relación “inteligente” con Chile. Durante un tiempo, el canciller García Belaúnde puso énfasis en la idea de las cuerdas separadas, en que la relación comercial y política debían ir por sendas distintas. Fue así que el gobierno tomó la legítima decisión de llevar el contencioso marítimo a La Haya. Desde entonces, la relación bilateral ha entrado en un proceso de descomposición.
La agenda entre ambos países está, al parecer, irremediablemente marcada por La Haya. Tanto Bachelet como García han reconocido que la relación se ha enfriado. Para Santiago, el hecho de que el Perú llevara el contencioso a la arena internacional ha traicionado la idea de la relación inteligente. En Lima se ha interpretado las recientes compras de armas como una amenaza directa al Perú. El gobierno peruano parece operar bajo la hipótesis de que Santiago no va a aceptar un hipotético fallo en su contra. El nuevo material bélico serviría para disuadir cualquier intento de hacer valer el fallo.
La hipótesis de un Chile necesariamente belicista no parece del todo fundada. Apenas cinco días antes de que estallara el escándalo del espionaje, el jefe de la Armada chilena había declarado abiertamente al diario La Tercera de Santiago que se acataría el fallo de La Haya fuera cual fuera el resultado. El almirante Edmundo González repetía simplemente lo que ya se conocía, puesto que el gobierno chileno habia reconocido con anterioridad la jurisdicción de la corte. Aún así, el gobierno peruano se ha mantenido obstinado en la idea del pacto de no agresión, cuyo objetivo en el fondo consiste en frenar la supuesta agresividad chilena.
Los potenciales perdedores de estos continuos enfrentamientos son los ciudadanos peruanos y, en la arena política, el presidente García. Los sucesos de los últimos días han enardecido a los sectores mas duros que empiezan a pedir de manera urgente el repotenciamiento de las fuerzas armadas. Si el Perú decide desviar recursos de la lucha contra la pobreza para destinarlos a la compra de armamento, serán los ciudadanos más pobres los que paguen las consecuencias. Y si García cede ante los críticos, será su gobierno el primero en romper el pacto por el desarme que él mismo ha promovido.
Ignazio De Ferrari
Fuente de la imagen: www.casamerica.es