En esta crónica semanal de Perú Político del 25 al 31 de octubre, continuamos con la polémica sobre la decisión del Tribunal Constitucional respecto a la prohibición de la distribución gratuita del Anticonceptivo Oral de Emergencia.

En su sentencia del 16 de octubre, dada a conocer recién el día 22 de octubre, el Tribunal Constitucional (TC), máximo órgano constitucional, le dio la razón a la ONG “Acción de Lucha Anticorrupción Sin Componenda” -(ALA Sin Componenda), que interpuso una demanda de amparo a fin de que no distribuya la llamada “píldora del día siguiente” por tener –según alegaron– “propiedades abortivas”. La ONG ALA Sin Componenda tiene como sus principales miembros honoríficos rectores a Yahvé, al Espíritu Santo y a María del Perpetuo Socorro, según se indica en su página Web. La decisión del TC ordena al Ministerio de Salud (Minsa) suspender la distribución de este Anticonceptivo Oral de Emergencia (AOE) en el país, y establece que los laboratorios que la fabriquen, comercialicen y distribuyan deberán ahora incluir en la posología la advertencia de que este producto “podría” inhibir la implantación del óvulo fecundado. Aparentemente, los informes de la Alianza Latinoamericana para la Familia (ALAFA), la Population Research Institute, la Coordinadora Nacional Unidos por la Vida y la Familia (Conuvifa) y la Asociación Nacional de Médicos Católicos del Perú hicieron cambiar de parecer al TC, que en 2006 había negado que la AOE fuera abortiva. Estas cuatro instituciones presentaron alegatos en los que aseguran que “científicamente no es posible afirmar que la AOE no tenga efectos abortivos”. Esto se opone a lo que informaron la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Academia Peruana de la Salud, el Colegio Médico del Perú, la Defensoría del Pueblo, la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus), el Instituto Peruano de Paternidad Responsable (Innpares) y el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex). Estas últimas entidades coinciden en que la “píldora” es un método anticonceptivo seguro, efectivo, pero sobre todo no abortivo pues no impide la implantación de un óvulo fecundado.

Los magistrados que votaron a favor de prohibir la distribución gratuita de la AOE fueron Juan Vergara Gotelli, Carlos Mesía Ramírez, Ricardo Beaumont Callirgos, Gerardo Eto Cruz y Ernesto Álvarez. En el fundamento de su voto, Mesía reconoce que cambió de opinión. Solo los magistrados César Landa y Fernando Calle se opusieron. Según la directora de Demus, Jeannette Llaja, esta sentencia del TC solo evidencia que el Estado peruano no es laico, como debería ser, y que recibe presiones de los grupos más conservadores del país. A su turno, Susana Chávez, directora de Promsex, lamentó que la decisión del TC se sustente en criterios poco técnicos. Pero lo más grave, dice, es que están cerrando la única alternativa que existía para disminuir el embarazo no deseado en nuestro país con argumentos absolutamente falsos.

A lo largo del día, el TC recibió una avalancha de pronunciamientos de rechazo por parte de representantes del Gobierno, quienes aseguraron que no se quedarán con los brazos cruzados frente a esta sentencia. Muy temprano, el ministro de Salud, Óscar Ugarte anunció que, con el apoyo de un equipo de abogados, analiza las acciones que adoptarán y que incluirían acudir a instancias internacionales como la Corte de San José de Costa Rica. Advirtió que con esta prohibición el tribunal está provocando indirectamente que las mujeres que no deseen un embarazo opten por métodos ilegales, como un aborto clandestino. Ugarte subrayó que es evidente que la resolución se emitió en un contexto de presiones de sectores conservadores que están en contra del aborto terapéutico e, incluso, de los métodos de planificación familiar. Esta molestia fue compartida por la ministra de la Mujer, Nidia Vílchez, quien señaló que no se puede descartar que detrás del fallo se escondan intereses privados. El premier Javier Velásquez Quesquén adelantó que coordinarán con el Parlamento para cambiar esta medida discriminatoria. El único miembro del Gobierno que saludó el controvertido fallo fue el titular de Defensa, Rafael Rey, conocido por sus posiciones conservadoras. Es más, el ministro consideró que se debería prohibir no solo la distribución gratuita, sino la comercialización total del producto porque, según manifestó, es abortivo. Asimismo, admitió que conversó con algunos magistrados respecto de su posición sobre el tema, aunque indicó que “expresar una opinión no puede ser considerado una presión”. El vicepresidente del TC, Carlos Mesía, negó que hayan cedido a presiones, pero reconoció que él y varios de sus colegas se reunieron con el ex ministro de Salud Luis Solari, quien no está de acuerdo con la píldora del día siguiente.

Llama la atención el cambio de opinión del vicepresidente del TC, Carlos Mesía, que de considerar a la píldora como una “alternativa aceptable” frente a los abortos terapéuticos o criminológicos (por violación sexual), en el 2006, ahora considera que el TC “se apresuró” y que “exageró” ese año al calificar a la también llamada píldora del día siguiente como “anticonceptiva”, según declaraciones ofrecidas al diario La República. En efecto, este magistrado admitió haber cambiado de opinión y ya no estar tan seguro de si la píldora del día siguiente es abortiva o no. Mesía declaró: “No soy cucufato. Estoy a favor del aborto eugenésico y por violación sexual, temas que son, en realidad, el fondo de esta polémica y así lo dejo señalado en el fundamento siete de mi voto singular (en el fallo). El hecho es que ahora la Constitución me dice que el aborto no está permitido”, dijo. Asimismo, sostuvo que no pueden hacer el trabajo de los legisladores y lo que deben hacer es idear una salida creativa a este asunto. En todo caso, la salida sería una reforma de la Constitución”, concluyó.

Como era de esperarse, el cardenal Juan Luis Cipriani manifestó su conformidad con el fallo del TC que ordena al Minsa suspender la distribución gratuita del AOE, también conocido como píldora del día siguiente. Cipriani explicó que es deber del Estado Peruano defender la vida de los no nacidos desde el instante de su concepción. El cardenal hizo un llamado a los que no están de acuerdo con la decisión del TC a buscar la verdad de una manera democrática y proporcionada. Por otro lado, descartó que la sentencia establezca una discriminación entre ricos y pobres, como se viene señalando. “Si esta pastilla tiene efectos abortivos, entonces no se debería vender a nadie en ningún lugar”, manifestó. El ministro de Educación, José A. Chang, dijo que no existe claridad acerca de si la pastilla es abortiva o no, por lo que es preferible mantener el tema en condicional. Una posición contraria a la del cardenal mostró la congresista Mercedes Cabanillas, para quien la decisión del TC “es injusta porque no se ha probado que sea abortiva”, señaló a través de una nota de prensa.

La ministra de la Mujer, Nidia Vílchez, fue firme en su rechazo a la decisión del TC: “Si la anticoncepción oral de emergencia la tomaran los hombres, sería bienvenida” declaró. Asimismo, mencionó que sobre este tema solo las mujeres tienen la palabra, en clara alusión a las declaraciones de su colega el titular de Defensa, Rafael Rey Rey, quien días atrás refirió que este método también debería dejar de comercializarse. Igualmente, Vílchez indicó que la política de salud que se viene aplicando desde el 2006 con respecto a la planificación familiar “no debe retroceder”. Óscar Ugarte coincidió con Vílchez al remarcar que la política de planificación familiar “no se va a modificar, pues es una política de estado instalada desde hace bastante tiempo y que consiste en proporcionar a toda la población información y conocimientos para que opten por cualquier método (para prevenir embarazos no deseados), sea los métodos tradicionales o modernos”. Asimismo, aclaró que el fallo del TC afecta solo la distribución gratuita de la AOE, pero que la planificación familiar es mucho más amplia que eso. Indicó que “Del 2006 a la fecha se han repartido unas 160 mil AOE y cerca de 98 mil han sido consumidas. Pero en stock aún hay 60 mil y la sentencia actúa sobre ese lote. Estamos evaluando donárselo a alguna institución”.

Pese a su posición inicial de rechazo al fallo del TC que prohíbe al Minsa la distribución gratuita del AOE, el Ejecutivo decidió allanarse a la decisión de ese organismo e informó, incluso, que ya no acudirá a instancias internacionales. El anuncio lo hizo el premier Javier Velásquez Quesquén y, de esa manera, dejó solo al titular de Salud, Óscar Ugarte, quien continuó con sus críticas a la sentencia del máximo tribunal, a la que calificó de “discriminatoria y contradictoria”. El titular de Salud informó que ha enviado una carta al TC en la que pide algunas aclaraciones sobre su sentencia. Pide precisar, por ejemplo, si la sentencia del 2006 que declara que la píldora debe ser distribuida gratis por el Minsa ya es cosa juzgada. De igual manera, consultó al tribunal qué es lo que debe hacer su sector con las más de 65 mil pastillas que aún no han sido distribuidas a la población. Al respecto, el presidente del TC, Juan Vergara sostuvo que en unos días se emitiría un documento aclaratorio del fallo, pero si el Minsa decide venderlo sería un acto antiético. Vergara además sugirió al Poder Ejecutivo que se prohíba la venta del AOE para así evitar que se siga calificando de discriminatorio el fallo emitido por el Tribunal Constitucional.

El ministro de Defensa y defensor de la decisión del TC, Rafael Rey, dijo que los fabricantes de la píldora del día siguiente son los “más dolidos” con la sentencia del TC porque el Estado ya no le podrá comprar las pastillas. Asimismo, dijo que, para ser consecuentes, se debe prohibir la venta de la píldora en las farmacias privadas, aunque el premier Javier Velásquez, el vocero del Ejecutivo, ha señalado que el Gobierno no puede evitar que el fármaco se expenda en las boticas. De otro lado, apuntó que el lote de pastillas que actualmente tiene el Ministerio de Salud deberá ser desechado, aunque el despacho que dirige Óscar Ugarte ha pedido al TC que aclare su fallo y precise qué hacer con dicho stock.

Una vez que se conoció la posición del Gobierno de no acudir al sistema interamericano de justicia, el decano del Colegio Médico del Perú, Julio Castro Gómez, anunció que su institución asumirá la responsabilidad de pedirle a la Comisión Interamericana de Justicia una opinión si la píldora del día siguiente es o no abortiva. En esta gestión lo acompañarán otras organizaciones de la sociedad civil, como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y las ONG Manuela Ramos y Flora Tristán, que rechazan la decisión del TC que prohibió al Estado la distribución gratuita de la pastilla. Por su parte, el decano del Colegio de Abogados de Lima, Walter Gutiérrez, manifestó que la resolución del TC podría ser considerada inconstitucional en la medida en que es “discriminatoria pues afecta a las mujeres de bajos recursos, impidiéndoles tener acceso a este anticonceptivo”.
Por su parte, la defensora del Pueblo, Beatriz Merino, expresó su discrepancia del fallo del TC sobre la píldora del día siguiente, pues “es una seria restricción al ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres, y afecta principalmente a las mujeres de escasos recursos económicos. Esta es una posición institucional”, señaló.

Mariana Olcese