El 26 de setiembre del año 2008, el periodista Fernando Rospigliosi recibió en su casa un envío postal. El sobre contenía un disco duro con la grabación de cuatro conversaciones telefónicas, la copia de tres correos electrónicos y una carta con la firma de un supuesto militante aprista, el cual se hacía llamar Francisco Santo Domingo y declaraba estar “asqueado por la corrupción”. Fue el inicio del escándalo de los petroaudios – hoy convertido en megaescándalo sin final a la vista.
Los primeros involucrados fueron el ex militante aprista Romulo León Alegría, el abogado Alberto Quimper y el dominicano Fortunato Canaán. Las conversaciones telefónicas difundidas en los audios dejaban en evidencia que los tres habían intervenido en el proceso de licitación de cinco lotes petroleros a favor de la empresa noruega Discover Petroleum.
Poco tiempo después, la atención se volcó hacia Business Track, la empresa que realizó las interceptaciones que hicieron estallar el escándalo. Varios integrantes de Business Track eran integrantes de la Marina de Guerra. Hasta ahora no se ha podido esclarecer quién dio la orden para que Business Track realizara estas interceptaciones. En todo caso, los petroaudios no fueron el único negocio de Business Track. El programa Prensa Libre dio cuenta de recibos a nombre de varias empresas (Cementos Lima entre ellas), municipalidades (San Isidro, Ate y San Borja) y el gobierno regional del Callao.
Pero las revelaciones y sospechas no acaban ahí. A un año de sus detenciones, los juicios a Rómulo León, Alberto Quimper y 22 procesados más están estancados. Se han abierto dos procesos: Uno por la licitación de los lotes de petróleo y el otro por el caso Business Track. El Poder Judicial se tomó una eternidad en abrir la computadora de Rómulo León y ahora ha revelado que su disco duro contiene nada menos que 15,765 correos electrónicos y 1,781 audios. Jorge Barreto, el juez a cargo del caso, se ha negado a incluir a la fiscalía en la revisión de los archivos.
La aparición de un nuevo audio en el cual Alberto Quimper se jacta de sus excelentes relaciones con el Poder Judicial diciendo que “los jueces comen de mi mano” ha motivado preguntas sobre el verdadero alcance del escándalo y los niveles de involucramiento por parte de los poderes del Estado. César Vega Vega, presidente de la Corte Superior de Lima, admitó -luego de vacilar en un inicio- que se había reunido con Alberto Quimper en dos oportunidades. El diario Perú21 afirma que existen audios -no divulgados- de estas conversaciones en las cuales Quimper habría dicho que contaba con el respaldo del presidente de la República, Alan García.
El último en llegar a las primeras planas ha sido César Gutiérrez, ex presidente del directorio de Petro Perú, empresa del Estado que se alió con la noruega Discover Petroleum para la concesión de los cinco lotes. El diario El Comercio reveló que Gutiérrez ha tenido un romance con una mujer que ha sido pareja de Rómulo León y representante de Discover Petroleum en el Perú.
Lo paradójica, tal como lo ha notado Mirko Lauer, es que con cada nueva revelación parecemos estar más y más lejos de esclarecer los hechos. En todo caso, este embrollo parece mostrar que la corrupción en el Perú no es un problema puntual y aislado, sino un fenómeno sistémico que trasciende las fronteras entre los sectores ecónomicos, políticos y judiciales.
Por Bernd Krehoff