En esta crónica semanal de Perú Político del 27 de setiembre al 3 de octubre de 2009, tenemos tres noticias centrales: La salida de Francis Allison del Gabinete de Ministros, la investigación de la procedencia de los fondos utilizados para la educación de los hijos de Alberto Fujimori, y finalmente las amenazas de muerte a Salomón Lerner.

El domingo 27 de setiembre, luego de 11 días desde que se informara que fue asesor legal de la empresa Business Track (BTR) –investigada por ‘chuponeo’ telefónico–, Francis Allison anunció públicamente que presentaba su renuncia irrevocable al cargo de Ministro de Vivienda. En conferencia de prensa, en la que no aceptó responder a las preguntas de los medios de comunicación, el ex integrante del Gabinete Ministerial comunicó su decisión de dar un paso al costado y, acompañado de su esposa, responsabilizó a la prensa de no dejarlo trabajar “por los pobres del país”. Como era previsible, no mencionó ni aclaró la relación contractual que mantuvo –entre setiembre de 2007 y setiembre de 2008– con BTR. Mucho menos mencionó por qué no informó al mandatario sobre su vinculación con el trabajo de interceptación telefónica que BTR realizó y que, en octubre de 2008, provocó la caída del Gabinete Ministerial presidido por Jorge del Castillo. La decisión de Allison ya habría estado anunciada desde el viernes, cuando se presentó ante la comisión parlamentaria que investiga el ‘chuponeo’ telefónico, y ya se hablaba de su renuncia “voluntaria”.

El presidente Alan García tomó juramento como nuevo ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento al ingeniero aprista Juan Sarmiento Soto, en reemplazo de Francis Allison. La ceremonia se realizó en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno, en presencia de varios ministros de Estado, congresistas y el premier Javier Velásquez Quesquén, quien por la mañana ya había confirmado que el reemplazante del cuestionado Allison en la cartera de Vivienda sería el hasta ahora viceministro del sector, porque se busca darle continuidad a la labor realizada hasta el momento. Por su lado, la ministra de la Mujer, Nidia Vílchez, descartó en Ideeleradio que el portafolio de Vivienda vaya a ser utilizado políticamente ahora que un aprista asumirá el sector y pidió que, en adelante, las personas que sean convocadas al gabinete comenten los temas que pueden generar dudas o suspicacias.

El ex ministro de Vivienda Francis Allison no habría convencido a todos los integrantes de la comisión del Congreso que investiga la red de interceptación telefónica y que lo recibieron para que aclare sus vínculos con BTR. Oswaldo Luizar, titular del grupo que investiga el chuponeo telefónico, señaló que el ex titular de Vivienda no pudo responder a todas las interrogantes y no descartó la posibilidad de volverlo a citar. Según Luizar, los datos obtenidos en la cita –donde debía explicar su relación laboral con BTR– serán evaluados y contrastados con la información que se tiene. Sobre la posibilidad de que Allison hubiera simulado la operación con BTR para “cuadrar” ingresos adicionales de origen desconocido, señaló que por el momento “no se puede negar ni afirmar eso”. Respecto a los resultados de la investigación del “chuponeo telefónico”, Luizar señaló que espera entregar las conclusiones en noviembre, pese a que su grupo de trabajo tiene plazo hasta enero del próximo año.

Pasando a nuestra segunda noticia, la Primera Fiscalía Anticorrupción reabrió la investigación sobre los estudios de la congresista y candidata presidencial Keiko Fujimori y sus hermanos en base a nueva evidencia presentada por el fiscal supremo José Luis Peláez. La fiscal a cargo de las pesquisas, Fanny Quispe, debe realizar una serie de diligencias para esclarecer de dónde salió el millonario fondo que financió los estudios de los cuatro hijos del condenado ex presidente Fujimori en universidades de los Estados Unidos. Según Peláez, el origen de ese dinero es el mismo que Fujimori tuvo para reponer los US$ 15 millones que entregó a Vladimiro Montesinos por pago de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). La congresista Fujimori ha dicho que en sus estudios y el de sus hermanos se invirtió US$ 556 mil, pero que su padre contaba con un millón de dólares, de diferentes fuentes; sin embargo, no ha demostrado esa versión con documentos. De acuerdo con informes de la Contraloría General de la República y la Dirección de Migraciones, el ex presidente Fujimori debió costear –entre 1991 y 2000, años en los que estudiaron sus cuatro hijos– más de US$ 800,000 para el pago de pensiones universitarias y viajes a diversas partes del mundo.

Se incluirá como parte de la investigación la declaración de Vladimiro Montesinos de julio de 2001, donde sostiene que “Durante toda la época que la hija del ingeniero (Alberto) Fujimori, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, ha estudiado en la Universidad de Boston, así como sus hijos Kenyi, Hiro y Sachi Fujimori, los gastos de estos estudios eran pagados por el declarante (Vladimiro Montesinos Torres) con los fondos del Estado provenientes de las Partidas Uno y Dos (para) las acciones reservadas del SIN”. La propia Keiko Fujimori dijo ante las comisiones Townsend y Mulder, en el 2001, que su padre le entregaba en Palacio de Gobierno dinero en efectivo para cubrir sus gastos universitarios y los de sus hermanos. Asimismo, María Angélica Arce y Matilde Pinchi Pinchi, ex secretarias de Montesinos, han testificado que a solicitud de Fujimori enviaban a Palacio de Gobierno sobres con dinero que sacaban de los fondos reservados del SIN por indicación de Montesinos.

Cabe resaltar que tanto Fujimori como su hija Keiko sostienen que la carrera universitaria de los cuatro se abonó con los US$ 669 mil que el ex jefe de Estado cobró por la venta de un inmueble en la calle Pinerolo, en 1999. Según Montesinos, se trató de una maniobra para justificar el origen de los fondos con que se financiaron los estudios de los cuatro hijos, y que la venta de la casa de Pinerolo fue simulada. Peláez también suministró a la fiscal Quispe las dos denuncias constitucionales que formuló la ex Fiscal de la Nación Nelly Calderón, el 30 de octubre del 2001, contra Alberto Fujimori. En el documento se anota que cuando se investigó el caso del financiamiento de los estudios de los hijos del ex presidente, Keiko Fujimori ofreció información que no explicaba de dónde sacó la suma que su padre había gastado en su formación universitaria y la de sus hermanos.
Como nuestra tercera noticia, el ex presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), Salomón Lerner Febres, ha recibido una serie de amenazas de muerte, denunció el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Católica del Perú (Idehpucp), que él preside. Lerner Febres también es vicepresidente de la Comisión de Alto Nivel para la creación de un Museo de la Memoria, impulsada por este gobierno. Las últimas amenazas telefónicas que recibió Salomón Lerner fueron en sus oficinas de la citada universidad de la que es rector emérito y en su vivienda, el pasado miércoles 23. Un sujeto que no quiso identificarse le dijo en las dos oportunidades: “Lo mismo que le hicimos a tus perros, lo vamos a hacer contigo”. El 5 de setiembre, los dos canes de Lerner murieron envenenados por una poderosa sustancia tóxica, pues a pesar de recibir asistencia veterinaria inmediata ninguno pudo sobrevivir. La Defensoría del Pueblo rechazó las amenazas contra Lerner Febres y remitió un oficio al ministro del Interior Octavio Salazar para que se le brinde protección.

Mariana Olcese