El pasado 3 de marzo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) presentaron el informe “Estado de la Niñez en el Perú”, dejando en evidencia que los niños, niñas y adolescentes en nuestro país, a pesar de ser nuestro futuro, siguen siendo lo más vulnerables.

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En los últimos días hemos sido testigos de una serie de incidentes violentos. La cachetada por parte de nuestro Presidente (o, según las versiones, su agente de seguridad) contra un ciudadano que osó llamarlo corrupto y la brutal golpiza de un adulto contra un menor de diez años de edad son tan sólo las noticias más promocionadas de los últimos días.

La violencia entre ciudadanos y dentro de las familias raramente merece un nota de prensa a no ser que los hechos sean especialmente macabros (como el de la mujer cuyo rostro fue desfigurado con agua hirviente).

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En el Perú y el resto del mundo, pocos temas son tan controversiales como el aborto. Nuestro país tiene un código penal que prohíbe el aborto salvo cuando la vida de la madre corre peligro. Europa, Rusia, China, Norteamérica y países latinoamericanos como Brasil, Argentina y Uruguay tienen una posición más liberal.

A pesar de la oposición radical de la Iglesia Católica, el Perú podría dar un pequeño paso hacia la liberalización del aborto. En el Congreso, la Comisión Revisora del Código Penal ha recomendado permitir el aborto en casos de violación y cuando el feto sufre serias malformaciones.

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A raíz de la iniciativa de la Comisión Especial Revisora del Código Penal del Congreso para despenalizar el aborto para embarazos producto de violación sexual a la mujer (mayor o menor de edad) o cuando hubiese malformación del feto, se ha desatado una polémica que vale la pena aclarar, aun si la propuesta se archiva.

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A veces la discriminación es buena. Sólo un piloto con buena vista debe volar aviones. Sólo una persona con formación y sentido pedagógico debe ser docente.

Otras veces, en cambio, discriminar no tiene sentido. Es el caso del nuevo Reglamento Nacional de Licencias de Conducir que exige haber completado la secundaria para obtener un brevete. En vez de contribuir a la seguridad vial, la nueva regla beneficia a las clases privilegiadas.

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La juventud ha sido siempre un motor de cambio, de innovación, de nuevos retos y grandes sueños que nunca están demasiado altos para alcanzar. Los jóvenes son, además, el futuro de un país, la población que en las próximas décadas consolidará la clase política y empresarial de una nación. Y como dice un conocido refrán, siembra hoy lo que cosecharás mañana. Una juventud educada, activa, y con esperanza en el futuro del Perú es clave para hacer del progreso una realidad para todos.
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Todos hemos escuchado que el Perú viene creciendo, y a pesar de las muchas cosas diferentes que aquel crecimiento pueda significar, lo entendemos todos como algo positivo. En la capital, sin duda alguna, el progreso es evidente. Sin embargo, al interior del país se vive una realidad distinta, y lo que observamos en el día a día no basta para afirmar que vamos por buen camino. Un reciente estudio de UNICEF nos brinda más señales claras de nuestro progreso, y nos recuerda también el largo camino que aún no espera para llegar a ser un país libre de pobreza y exclusión, de igualdad de oportunidades para todos.
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La diversidad cultural es un hecho en casi todos los países del mundo. En Latinoamérica, especialmente en los países andinos, tal situación es especialmente pronunciada. Los ciudadanos mal o bien llamados indígenas representan un porcentaje notable en México, Ecuador, Bolivia y Perú, pero al mismo tiempo enfrentan graves obstáculos en el acceso a los bienes y derechos considerados básicos. Nuestro tema del mes de mayo se dedica, en su primera parte, a explorar el término indígena, cuestionando su utilidad para entender la realidad social andina. La segunda parte tiene como propósito analizar, desde la perspectiva de la filosofía del derecho, el concepto de derechos básicos y el rol de la pertenencia cultural.

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Hay silencios buenos y silencios malos. Silencios que señalan el fin de un problema y silencios que encubren un tabú. En el Perú, el problema de la violencia de género aparece poco en los medios. Y cuando aparece, lo hace de forma casi rutinaria, al igual que los accidentes de tránsito. España se encuentra en plena campaña contra la violencia de género. Deberíamos seguir el ejemplo.

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La prometida paridad de género en el primer gabinete del presidente Alan García debe haber causado más de un dolor de cabeza entre quienes buscaban posibles candidatas a ceñirse el fajín. De 16 ministerios –incluyendo a la Presidencia del Consejo de Ministros-, sólo 6 estuvieron encabezados por mujeres, y después de la salida de Pilar Mazzetti del Ministerio del Interior en circunstancias escandalosas, la presencia femenina en el gabinete se redujo aún más. Los cambios en el gabinete son parte de la agenda pública, anunciados para después de la ratificación del TLC por el Congreso de Estados Unidos. La búsqueda de posibles ministras –independientes- ya debe haber comenzado, pero todavía queda por verse cuántas querrán subirse al carro del gobierno.

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No es una novedad que el Perú es un país que aún no logra escapar de las garras del racismo. Los años de la colonia no se quieren dejar olvidar, y seguimos siendo una nación de blancos, de cholos, de indios y mestizos. Muchos parecen no comprender que más allá del color, todos somos peruanos; y más allá del Perú, todos somos seres humanos.
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Mientras en el mundo occidental, el ahorcamiento de Saddam Hussein ha reabierto el debate sobre la necesidad de abolir la pena de muerte, en el Perú, el presidente Alan García ha iniciado una campaña para restablecer la pena capital para violadores de niños y para terroristas. Desde hace unos años, la tendencia mayoritaria en el mundo va hacia la abolición. Estados Unidos y Japón son las únicas democracias establecidas que ejecutan legalmente a personas. Un repaso.

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