Los conflictos sociales van en aumento. La Defensoría del Pueblo ha reportado 161 conflictos sociales al 31 de agosto de 2008. De estos, 113 se encuentran activos y 48 son latentes. Preocupa que, en comparación con la misma fecha del año pasado, ahora tenemos 85 conflictos más. La cifra extraña a primera vista, pues no estamos en una recesión, sino en pleno boom económico. [ | | | ]

En los últimos años, las rebeliones de Chiapas y las protestas en las calles de La Paz y Quito, han puesto a los movimientos indígenas en las primeras planas de los diarios de Amércia Latina. El levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) del subcomandante Marcos en 1994, ha sido el punto de partida de una nueva ola de protestas indígenas en el continente. En Ecuador y Bolivia, los movimientos indígenas han jugado un papel fundamental en el derrocamiento del presidente Jamil Mahuad en 2000 y en el ascenso político de Evo Morales, respectivamente. [ | | |

Según las estadísticas oficiales, cuatro millones de peruanos utilizan la hoja de coca para fines tradicionales. Las hojas de coca sirven para rituales religiosos y para adivinar la suerte. El ‘chacchado’ de las hojas acompaña el trabajo en el campo de los agricultores. El mate de coca levanta el ánimo y alivia el soroche. Pero la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), un órgano de las Naciones Unidas, recomienda se prohíba el insumo de hojas de coca, pues las considera nocivas para la salud. Crónica de un choque de perspectivas. [ | | | ]

Noticias buenas, noticias malas. Mientras el Ministerio de Economía anuncia que 600 mil peruanos dejaron atrás la pobreza en el 2007, los datos inflacionarios indican que el poder adquisitivo de las provincias se ha visto afectado de forma excepcional. Esta debilitación genera dudas sobre la posibilidad de alcanzar la meta fijada por el gobierno para el 2011: reducir la pobreza de actualmente 42% a 30%. [ | | | ]

Las protestas sociales de esta semana han enfrentado al gobierno central y a las regiones. Los conflictos entre ambos niveles de gobierno parecen estar ligados a un alarmante desentendimiento de las competencias legales de cada jurisdicción y a la ausencia de foros adecuados de diálogo entre las partes involucradas. [ | | | ]

Una economía estable no es garantía de una sociedad estable. Sino pregúntenle a Alejandro Toledo. En 2002, el P.B.I. peruano creció en 5%. Pero el intento de privatizar las centrales eléctricas de Egasa y Egesur, en Arequipa, lleva a violentas protestas en junio de ese año. Además de dejar muertos y heridos, las movilizaciones ponen en jaque al gobierno. Toledo declara estado de emergencia en Arequipa y manda a las Fuerzas Armadas a intervenir en la Ciudad Blanca. El entonces Ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, es obligado a renunciar. El ‘Arequipazo’ es sólo un punto en el amplio mapa

En el Perú ya nos hemos acostumbrado a los linchamientos como parte de nuestra realidad. Las secciones policiales de los diarios reportan con sorprendente regularidad sobre linchamientos en provincias y la periferia de Lima. Aunque las leyes son claras al condenar este tipo de actitudes, la opinión pública suele ser complaciente. En un país donde el sistema judicial es débil y muchas veces corrupto, la “justicia popular” es vista como una alternativa fea pero necesaria. Esta perspectiva es deficiente, pues los linchamientos no son la única alternativa al sistema legal. También está la justicia comunitaria entendida como un intento

La estrategia contra el narcotráfico y los remanentes senderistas –o esa difusa amenaza llamada “narcoterrorismo”- no está dando los frutos esperados. Algunos dicen que no hay una estrategia clara, otros se quejan de falta de recursos, o tal vez de la inexistencia del Estado en las zonas donde el “narcoterrorismo” golpea más fuerte. El ataque a la comisaría de Ocobamba –que tuvo como lamentable saldo un teniente PNP asesinado-, como represalia frente a incautaciones de droga llevadas a cabo previamente, evidencia todas estas carencias y aún más. Sin embargo, la respuesta del gobierno –del presidente Alan García- ha consistido