La conmemoración del quinto año de la presentación del Informe Final de la Comisión de Verdad y de Reconciliación ha desatado una fuerte confrontación entre representantes del gobierno y de la sociedad civil.

Rechazo es lo que ha causado el decreto legislativo 1.015, aprobado el 20 de mayo por Alan García. Este determina que las inversiones privadas en tierras de comunidades indígenas de la sierra y la selva pueden ser autorizadas si se obtienen los votos favorables de la mitad más uno de los miembros de las asambleas comunales. De esta manera se reduce el mínimo de votos antes requeridos de 66,6%.

A estos “imbéciles que se aprovechan de los recursos públicos” hay que darles “una patada bien puesta, y si son apristas, con dos patadas”. Estas fueron las últimas declaraciones del Presidente Alan García en relación a los actos de corrupción en el Banco de Materiales (BanMat) y en el Instituto Nacional de Becas (INABEC). Funcionarios de ambas instituciones gozaron de los beneficios que estaban previstos para peruanos que carecen de vivienda o del acceso a una buena educación.

La pérdida de aprobación que ha sufrido el Presidente Alan García en la últimas encuestas de CPI es un resultado de la tensiones entre el gobierno central y las regiones. Según el analista de DESCO Eduardo Ballón la actitud del gobierno frente a los conflictos en el interior del país así como la desatención a muchas regiones en extrema pobreza han atomizado las relaciones.

Esta semana los conflictos sociales han opacado la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico. Estos conflictos provienen de tres frentes.